Alquiler: qué decretos de vivienda rigen
17 Nov. 2026
De los cinco decretos-leyes sobre alquiler aprobados desde marzo, solo sigue en vigor el Real Decreto-ley 29/2026, convalidado por la Diputación Permanente el 12 de noviembre. Si tienes un alquiler en marcha, la pregunta útil no es qué decreto manda, sino qué parte del 29/2026 llega a tu contrato, y eso depende sobre todo de cuándo lo firmaste.
Cinco decretos en siete meses: solo queda uno
El de marzo (RDL 8/2026) lo derogó el Congreso el 28 de abril; los dos de finales de septiembre (26 y 27), el 2 de octubre; y el 28/2026, que obligaba a indemnizar al inquilino si el propietario no renovaba, el 12 de noviembre, sin llegar a aplicarse: por ese decreto no hay indemnización que valga. Queda el 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre.
Una derogación no borra sin más lo ocurrido mientras estuvo en vigor. Por ejemplo, las solicitudes de prórroga hechas al amparo del RDL 8/2026 siguen siendo válidas, sin nueva comunicación y sin perjuicio del desistimiento del inquilino (disposición transitoria primera del 29/2026). Si enviaste o recibiste una comunicación en esos periodos, conviene revisarla caso por caso.
La fecha de tu contrato lo cambia casi todo
El decreto no trata igual a todos los contratos. Los firmados antes de la Ley 12/2023 solo quedan sujetos a las novedades sobre prórrogas (artículo 10 LAU) y actualización de la renta; en lo demás conservan el régimen vigente cuando se firmaron (disposición transitoria cuarta de esa ley, según la redacción del RDL 29/2026). Para los firmados después de esa ley y antes del 8 de octubre de 2026, el decreto no fija una regla expresa para cada novedad y varias cuestiones están abiertas. Los firmados desde el 8 de octubre de 2026 quedan sujetos a todo.
Qué cambia en un contrato ya firmado
Prórroga extraordinaria de hasta dos años
Si tu contrato de vivienda habitual estaba vigente el 8 de octubre de 2026 y su prórroga (obligatoria, tácita o tácita reconducción) termina antes del 31 de diciembre de 2028, el inquilino puede pedir una prórroga extraordinaria, por anualidades y hasta dos años más (disposición final quinta). Debe solicitarla, estar al corriente del pago y haberlo estado los ocho meses anteriores; las condiciones del contrato no cambian.
El propietario debe aceptarla, salvo que se hayan pactado otras condiciones, se haya firmado un contrato nuevo o haya comunicado en plazo (artículo 9.3 LAU) que necesita la vivienda para sí o para sus familiares. Tampoco procede si se renueva o se firma un contrato nuevo con una renta al menos un 5 % inferior, y es incompatible con la prórroga del artículo 10.3 LAU, que prevalece.
No la confundas con las del artículo 10 LAU: la general de hasta tres años tras los cinco (o siete) iniciales (10.1), la de hasta un año por vulnerabilidad, que debe aceptar el gran tenedor (10.2), y la de hasta tres años en zona tensionada (10.3).
Renta: sin pacto no hay actualización
Según el artículo 18.1 LAU, la renta solo se actualiza en los términos pactados: sin pacto expreso, no sube. Si se pactó actualizar sin concretar el índice, se aplica el IRAV, que además marca el tope del incremento, tomando el último índice publicado en la fecha de actualización. Esto alcanza también a los contratos anteriores a la Ley 12/2023.
Y para las anualidades que se cumplan entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, la disposición final sexta añade una regla extraordinaria: si la renta ya supera el máximo del sistema de índices de precios de referencia, no hay incremento; si no, se aplica lo pactado y, sin nuevo pacto, el aumento no puede pasar del 2 %.
Limitar la actualización no es nuevo: el Tribunal Supremo ha rechazado indemnizar a propietarios por topes anteriores, al considerarlos razonables, proporcionados y motivados (SSTS, Sala 3.ª, de 10 de marzo y 28 de enero de 2026), aunque no se ha pronunciado sobre el tope actual.
Desistimiento del inquilino sin indemnización
El artículo 11 LAU permite al inquilino desistir pasados seis meses, con treinta días de preaviso (en vivienda temporal, tras un mes y con diez días), y sin indemnización para el propietario. Pero no lo des por aplicable sin más a los contratos antiguos: los firmados antes de la Ley 12/2023 conservan, salvo prórrogas y actualización, su régimen anterior, y una cláusula indemnizatoria pactada entonces se rige por él. Para los firmados entre esa ley y el 8 de octubre de 2026 el decreto no lo aclara: es una cuestión abierta que exige analizar cada cláusula.
Gastos, seguro de impago y garantías
Estas reglas se aplican con claridad a los contratos firmados desde el 8 de octubre de 2026; en los anteriores, depende de su fecha.
- IBI y otros tributos: no pueden imponerse al inquilino, salvo que sea el obligado tributario (artículo 20.1 LAU).
- Comunidad: solo con pacto escrito que fije el importe anual al firmar. En propiedad horizontal, la cuota de la finca arrendada; en edificios sin ella, nada.
- Gestión y formalización: no se pueden cargar al inquilino, directa ni indirectamente, los gastos de preparación, formalización, gestión, novación o renovación del contrato. Un servicio no esencial, solo si él lo pide por escrito, informado de que es opcional y de su coste.
- Seguro de impago: no puede exigirse al inquilino (artículo 36.5 LAU).
- Garantía adicional a la fianza: máximo de dos mensualidades en contratos de hasta cinco años (siete si el propietario es persona jurídica) y una en los temporales.
Reparaciones y entrega de la vivienda
Si hacen falta reparaciones necesarias, el inquilino puede requerirlas por escrito con un presupuesto razonable. El propietario tiene quince días naturales para aceptarlo, proponer otra reparación o hacerla; si no responde o se niega sin justificación, el inquilino puede hacerlas y descontar su importe de las rentas futuras, si el coste es razonable y está acreditado (artículo 21.5 LAU). En la vivienda temporal (artículo 21 bis) el plazo es de cinco días hábiles, no de quince naturales, y el propietario conserva además las pequeñas reparaciones por desgaste ordinario.
Al terminar el contrato, ambas partes deben firmar un documento que recoja el estado de la vivienda; si no se firma o no refleja desperfectos, se presume, salvo prueba en contrario, que se entregó en buen estado (artículo 36.7 LAU). También aquí, su aplicación a contratos anteriores depende de la fecha.
Alquiler de temporada y por habitaciones
En el alquiler de temporada, la causa del desplazamiento debe figurar expresamente en el contrato, ser real y acreditable, y corresponde al propietario probarla; sin ella, el contrato se trata como vivienda habitual (artículo 7.2 LAU). Los nuevos exigen además más de 31 días y, como regla, no más de 12 meses; si se superan sin justificación, o se encadenan más de dos contratos entre las mismas partes sobre la misma vivienda, se consideran vivienda habitual desde el primero. Los anteriores al 8 de octubre siguen con su régimen hasta el final del plazo y se extinguen sin prórroga; si se renuevan, el renovado se rige por el nuevo régimen.
En el alquiler por habitaciones, la suma de las rentas de los contratos parciales vigentes a la vez sobre una misma vivienda no puede superar la renta del contrato de la vivienda completa; en zonas tensionadas se aplican, además, los límites de los apartados 6 a 8 del artículo 17 LAU.
Qué conviene hacer ahora
- Mira la fecha de tu contrato: antes de la Ley 12/2023, entre esa ley y el 8 de octubre de 2026, o posterior.
- Revisa cuándo termina tu prórroga y si se ha pedido la extraordinaria, y en qué fecha.
- Guarda por escrito las comunicaciones, con fecha cierta (burofax o correo certificado).
- Repasa las cláusulas de actualización de renta, IBI, seguro de impago y desistimiento.
- Haz un acta del estado de la vivienda al entrar y al salir, con fotos.
Un punto débil: la inseguridad jurídica
El 29/2026 recoge buena parte de lo que el Congreso rechazó el 2 de octubre en los decretos 26 y 27. Algunos autores cuestionan esa reaprobación: Fuentes-Lojo Rius (Revista de Inmobiliario El Derecho, n.º 156, 4 de noviembre de 2026) plantea una tesis de fraude constitucional, sin embargo, mientras no se anule, es la normativa aplicable.
En resumen
De los cinco decretos de 2026 sobre alquiler solo rige el RDL 29/2026, y su alcance depende de la fecha de cada contrato: llega a todos los de vivienda habitual en prórrogas y renta, y en desistimiento, gastos, garantías, reparaciones y entrega es claro en los firmados desde el 8 de octubre de 2026 y exige análisis en los demás. Si tienes un alquiler y dudas sobre cómo te afectan estas medidas, podemos estudiar tu caso: consulta nuestra página de Inmobiliario o escríbenos a través del formulario de contacto.
Alberto Hernández Martínez, abogado (ICABA n.º 3525).
